La Corte Suprema de Justicia de la Nación podría sacar un fallo en donde anularía la posibilidad de que los Estados locales cobren el Derecho de Registro e Inspección. La Federación de Trabajadores Municipales exige una acción conjunta para defender el sistema municipal y los derechos de los ciudadanos y sus trabajadores. En promedio, son el 35% del total de los ingresos locales. Pero en Rafaela, se eleva al 38% y un 19% del total.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación podría declarar -en los próximos días- que los Municipios no pueden cobrar el denominado Derecho de Registro e Inspección. Y la Federación de Trabajadores Municipales (FESTRAM) encendió una alerta, al declarar que podría generar "una crisis financiera, económica y social sin precedentes" en el caso de que así se decidiera.
La luz amarilla (casi roja) que prendió la FESTRAM, en nuestra ciudad es una alerta gigantesca. De acuerdo al Presupuesto 2019, se estima que por Derecho de Registro e Inspección se recaudarán, a lo largo de este año, unos $ 300.000.000. Esto representa más de un 50% del total de Tasas y Derechos, estimados en unos casi $ 580 millones presupuestados.
Y si tenemos en cuenta a todos los tributos "de jurisdicción municipal" (calculados en unos $ 782.787.300 para el presente año), representan el 38.32 por ciento. Dicho de otra forma: por cada 100 pesos que recauda la Municipalidad de Rafaela de contribuyentes locales, 38.32 vienen de este rubro.
Además, es un 30% más que la coparticipación por impuestos nacionales, que está estimada en $ 207.900.000.
Y si lo comparamos con el total de ingresos pensados para este año, veremos que el DReI representa un 19% del total.
Pero, ¿qué se hace en Rafaela con 300 millones de pesos? Es el 83% del total de trabajos públicos pensados a realizar en este año ($ 359.436.100). Esto es: todo lo pensado en desagües, iluminación, pavimento, readoquinado, bacheo, desvío de tránsito pesado, trabajos en el Cementerio, obras de Presupuesto Ciudadano, Relleno Sanitario, cloacas, etc.
El jueves, más de 40 intendentes bonaerenses que responden a distintas fuerzas políticas se presentaron hoy en una audiencia pública que lleva adelante la Corte Suprema, que debe dirimir si las comunas pueden cobrar tasas a las empresas que se instalen en sus respectivos municipios.
Los jefes comunales, en señal de fuerte reclamo a la Corte que tras la audiencia definirá si cuentan o no con esa potestad, se fotografiaron en la escalinata del ingreso principal al Palacio de Justicia de Talcahuano 550, y luego asistieron a la audiencia de carácter público.
La causa se inició a partir de un planteo de la firma ESSO hoy reconvertida en Axion Combustibles contra el Municipio de Quilmes, en el que pidió impugnar la determinación de oficio de la tasa municipal por inspección de seguridad e higiene que se le cobran, concretamente por el período que va de 1996 a 2002.
La tasa que cobran los municipios se determina tomando como base los ingresos brutos provinciales del contribuyente. Es por eso que podría entenderse que hay una doble imposición.
De la audiencia participaron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Maqueda y Horacio Rosatti, en tanto que el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, está excusado de intervenir en el caso.
En este marco, el dirigente municipal, Claudio Leoni, advirtió que un fallo de la Corte Suprema de Justicia, puede generar una crisis financiera, económica y social sin precedentes en todos los Gobiernos Municipales y Comunales.
Desde FESTRAM se vuelve a encender la alarma por el impacto que esta medida tendrá sobre el empleo, el salario y los derechos de los trabajadores; pero también -y más grave aún- en la capacidad para prestar servicios básicos a cada uno de los pueblos y ciudades.
"La decisión que tomará en los próximos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación eliminará como mínimo el 35% de los recursos propios de los Municipios, al disponer la inconstitucionalidad del cobro del Derecho de Registro e Inspección a las empresas. Este es uno de los temas que se viene postergando por decisión política, en referencia a la aplicación del Pacto Fiscal denunciado oportunamente por FESTRAM", afirman en un comunicado y agregan: "pero esta exigencia que impuso el FMI en términos genéricos, hoy se puede materializar si la CSJ suspende la aplicación de ese tributo en un fallo que favorece a una petrolera multinacional en desmedro de más de 2200 municipios argentinos".
"El titular del gremio municipal, reclama a los Intendentes una urgente reunión con los ministros santafesinos de la CSJN Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, con gran vinculación política e institucional con el Municipalismo de la Provincia de Santa Fe", sostiene el texto.
“Si a la caída de más del 32% de la ejecución de los fondos nacionales y su impacto en la distribución de fondos a Municipios y Comunas, le agregamos un fallo desfavorable sobre los recursos propios de los municipios, la catástrofe está a la vuelta de la esquina”, dijo el sindicalista.
“Espero que la inmediatez electoral no nos inmovilice para evitar esta hecatombe”. Por último, Claudio Leoni anunció que se enviarán notas a los Intendentes para dejar clara la responsabilidad sobre esta situación.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación podría declarar -en los próximos días- que los Municipios no pueden cobrar el denominado Derecho de Registro e Inspección. Y la Federación de Trabajadores Municipales (FESTRAM) encendió una alerta, al declarar que podría generar "una crisis financiera, económica y social sin precedentes" en el caso de que así se decidiera.
La luz amarilla (casi roja) que prendió la FESTRAM, en nuestra ciudad es una alerta gigantesca. De acuerdo al Presupuesto 2019, se estima que por Derecho de Registro e Inspección se recaudarán, a lo largo de este año, unos $ 300.000.000. Esto representa más de un 50% del total de Tasas y Derechos, estimados en unos casi $ 580 millones presupuestados.
Y si tenemos en cuenta a todos los tributos "de jurisdicción municipal" (calculados en unos $ 782.787.300 para el presente año), representan el 38.32 por ciento. Dicho de otra forma: por cada 100 pesos que recauda la Municipalidad de Rafaela de contribuyentes locales, 38.32 vienen de este rubro.
Además, es un 30% más que la coparticipación por impuestos nacionales, que está estimada en $ 207.900.000.
Y si lo comparamos con el total de ingresos pensados para este año, veremos que el DReI representa un 19% del total.
Pero, ¿qué se hace en Rafaela con 300 millones de pesos? Es el 83% del total de trabajos públicos pensados a realizar en este año ($ 359.436.100). Esto es: todo lo pensado en desagües, iluminación, pavimento, readoquinado, bacheo, desvío de tránsito pesado, trabajos en el Cementerio, obras de Presupuesto Ciudadano, Relleno Sanitario, cloacas, etc.
El jueves, más de 40 intendentes bonaerenses que responden a distintas fuerzas políticas se presentaron hoy en una audiencia pública que lleva adelante la Corte Suprema, que debe dirimir si las comunas pueden cobrar tasas a las empresas que se instalen en sus respectivos municipios.
Los jefes comunales, en señal de fuerte reclamo a la Corte que tras la audiencia definirá si cuentan o no con esa potestad, se fotografiaron en la escalinata del ingreso principal al Palacio de Justicia de Talcahuano 550, y luego asistieron a la audiencia de carácter público.
La causa se inició a partir de un planteo de la firma ESSO hoy reconvertida en Axion Combustibles contra el Municipio de Quilmes, en el que pidió impugnar la determinación de oficio de la tasa municipal por inspección de seguridad e higiene que se le cobran, concretamente por el período que va de 1996 a 2002.
La tasa que cobran los municipios se determina tomando como base los ingresos brutos provinciales del contribuyente. Es por eso que podría entenderse que hay una doble imposición.
De la audiencia participaron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Maqueda y Horacio Rosatti, en tanto que el presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz, está excusado de intervenir en el caso.
En este marco, el dirigente municipal, Claudio Leoni, advirtió que un fallo de la Corte Suprema de Justicia, puede generar una crisis financiera, económica y social sin precedentes en todos los Gobiernos Municipales y Comunales.
Desde FESTRAM se vuelve a encender la alarma por el impacto que esta medida tendrá sobre el empleo, el salario y los derechos de los trabajadores; pero también -y más grave aún- en la capacidad para prestar servicios básicos a cada uno de los pueblos y ciudades.
"La decisión que tomará en los próximos días la Corte Suprema de Justicia de la Nación eliminará como mínimo el 35% de los recursos propios de los Municipios, al disponer la inconstitucionalidad del cobro del Derecho de Registro e Inspección a las empresas. Este es uno de los temas que se viene postergando por decisión política, en referencia a la aplicación del Pacto Fiscal denunciado oportunamente por FESTRAM", afirman en un comunicado y agregan: "pero esta exigencia que impuso el FMI en términos genéricos, hoy se puede materializar si la CSJ suspende la aplicación de ese tributo en un fallo que favorece a una petrolera multinacional en desmedro de más de 2200 municipios argentinos".
"El titular del gremio municipal, reclama a los Intendentes una urgente reunión con los ministros santafesinos de la CSJN Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, con gran vinculación política e institucional con el Municipalismo de la Provincia de Santa Fe", sostiene el texto.
“Si a la caída de más del 32% de la ejecución de los fondos nacionales y su impacto en la distribución de fondos a Municipios y Comunas, le agregamos un fallo desfavorable sobre los recursos propios de los municipios, la catástrofe está a la vuelta de la esquina”, dijo el sindicalista.
“Espero que la inmediatez electoral no nos inmovilice para evitar esta hecatombe”. Por último, Claudio Leoni anunció que se enviarán notas a los Intendentes para dejar clara la responsabilidad sobre esta situación.
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