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La telefonía móvil y la elección presidencial
Elecciones móviles: la bisagra de 2019
La anterior elección presidencial fue contemporánea a la expansión, tan tardía como veloz, de las redes de telefonía móvil 4G (cuarta generación), fruto de la licitación que había realizado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2014. Por lo tanto, el año siguiente las operadoras beneficiadas se hallaban en pleno proceso de tendido de redes. Cuatro años después, más de la mitad de los ciudadanos acceden a ellas.
Aunque el número real de penetración del 4G en el país es muy poco fiable, dado que el presidente Mauricio Macri al abrir las sesiones ordinarias del Congreso, el pasado 1 de marzo, habló de un 70 por ciento y el ente gubernamental ENaCom creado por el propio Macri indica un más modesto 53 por ciento, lo cierto es que la cobertura y el acceso a los datos móviles experimentaron desde 2014 un crecimiento considerable que altera las coordenadas estructurales de las comunicaciones en la Argentina.
La transformación tecnológica del sector (más profunda en las cifras divulgadas por Macri, más reducida en las de sus colaboradores del ENaCom) condiciona la planificación de la comunicación masiva, sea o no política y tenga o no que ver con lo electoral. Pero, por supuesto, la campaña electoral no es ajena a la migración de las audiencias y a los nuevos hábitos más personalizados de información y entretenimiento, muchos de los cuales circulan socialmente a través de plataformas de redes sociales digitales (lo cual produce el malestar de los empresarios de medios tradicionales, como se manifiesta en parte de su cobertura sobre los gigantes globales de Internet).
Un error común de los análisis sobre la mutación del ecosistema de comunicaciones es interpretar los cambios presentes según el modelo de reemplazo de lo viejo por lo nuevo. Por el contrario, las plataformas digitales (con accesos fijos y móviles) se superponen con los medios tradicionales y los temas de conversación de los social media muchas veces giran en torno del menú producido por la prensa, la radio y la TV. El último informe de Global Web Index revela que en promedio los argentinos emplean algo más de ocho horas diarias conectados a Internet (en dispositivos fijos y móviles, donde utilizan las redes sociales unas tres horas) y un promedio de tres horas diarias a la TV (en vivo y por streaming). Una planificación eficaz de la comunicación política no debería perder de vista las tendencias sintetizadas en esos promedios.
Mientras cambia la estructura de las comunicaciones y se modifican los patrones de uso social, asignándole creciente importancia a los flujos desprogramados, móviles y ubicuos de contenidos informativos y políticos, la institucionalidad estatal va reaccionando con cierta demora, sea reconociendo la necesidad de revisar la ley de datos personales o sea intentando limitar las campañas de desinformación y fake news a través de redes sociales digitales. Por ahora esas reacciones son actos reflejos a problemáticas que sacuden el espacio público y están lejos de constituir medidas concretas frente a un fenómeno que, si bien no es nuevo, tiene como cualidad distintiva la viralización que puede alterar la dinámica propia de la competencia electoral.
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